Erradicación forzada y glifosato en Colombia: una discusión necesaria.

Autoras: Catalina Oviedo y Nathalí Cedeño

Cada tanto reaparece sobre la mesa el tema de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, el pasado 2 de diciembre el ministro de justicia Wilson Ruiz hacía el anuncio sobre el posible regreso de la erradicación de cultivos de uso ilícito mediante glifosato, horas después la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio concepto positivo, lo que podría significar que para febrero de 2022 volvería la fumigación.

En Colombia desde los 90’s hasta el 2016, la erradicación a través de la fumigación fue la principal estrategia antidrogas del estado, sin embargo dicha política ha demostrado ser insuficiente e ineficiente en la reducción del número de hectáreas cultivadas, a la vez que profundiza las condiciones de  desigualdad y empobrecimiento, que atraviesan las comunidades cultivadoras de coca por cuenta de causas históricas como: la presencia diferenciada del estado, desplazamientos, políticas agrarias ineficientes y falta de oportunidades para la sostenibilidad de economías rurales alternativas.   

En el 2016 la firma del Acuerdo de Paz significó una oportunidad para la sustitución voluntaria de cultivos y el tránsito a otras economías para miles de familias. Sin embargo, el acuerdo no se tradujo en paz y mejores condiciones de vida, como anhelaban las familias ex-cultivadoras de coca, el gobierno actual no solo incurrió en un grave incumplimiento del punto 4 del acuerdo de Paz, sino que también favoreció la erradicación forzada, mientras miles de familias siguen hasta el día de hoy a la espera del cumplimiento de lo acordado. 

En medio de la pandemia, en diferentes territorios se adelantaron operativos de erradicación forzada, a pesar de que las comunidades habían firmado acuerdos de sustitución colectiva, estas acciones de erradicación fueron denunciadas por diferentes organizaciones de la sociedad civil debido a que su accionar fue violento y violatorio de  derechos humanos, razón por la cual  las comunidades se han manifestado y organizado para interponer acciones legales que garanticen la salvaguarda de sus derechos.

Durante el 2020 la crisis por cuenta de la política de erradicación se vio agudizada, las labores de erradicación forzada continuaron en muchos territorios del país y con ello se evidenciaron graves violaciones de los derechos humanos, lo que ocasionó diversas denuncias públicas y acciones ciudadanas para frenar dichos hechos. CEALDES junto con otras organizaciones a través de la campaña #ErradicaciónForzadaNoSolucionaNada contribuyó a visibilizar la compleja problemática que enfrentan los territorios con presencia de cultivos de uso ilícito y a interponer varias acciones de tutela en 10 departamentos del país.  Hoy continúan estas acciones ciudadanas en regiones como: El Catatumbo, pacifico y Nariño. 

En la actualidad el panorama ya es complejo cuando se trata de erradicación forzada manual y la preocupación se hace mayor frente a la posibilidad de que retornen las fumigaciones con glifosato, más aún ante el concepto positivo de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).  Ya en el 2020 se había logrado con una acción interpuesta por comunidades campesinas del municipio de Nariño, frenar una audiencia pública convocada por la ANLA para discutir el plan de manejo ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión. ¿Qué significa este nuevo concepto emitido por ANLA? 

En el 2017 mediante un fallo de la Corte constitucional se ordenó suspender el uso de este herbicida,decisión que solo podría ser revocada en caso de diseñarse un plan que garantice la salvaguarda de la vida, es decir que no haya daño ni sobre la salud de las personas, ni el ambiente, que se implemente con participación de las comunidades afectadas y finalmente que cuente con procedimientos claros que permitan a las entidades como el ministerio público expedir alertas en caso de nuevos riesgos por el uso de glifosato. Aunque parece poco probable que la fumigación con glifosato se reactive este año, seguimos evidenciando una tendencia desalentadora en las posturas y estrategias del gobierno frente a la lucha contra el narcotráfico. 

Ad portas de un proceso electoral esta no es una discusión menor, en Colombia se gastó en nueve años unos 79,9 billones de pesos en fumigación aérea con glifosato, costaría 2,9 billones de pesos apoyar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos de 80.400 familias si se les entregarán 40 millones de pesos por núcleo familiar, según estudios de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung Colombia (FESCOL). Como CEALDES creemos que es posible y necesario formular nuevas estrategias de lucha contra el narcotráfico, que vayan más allá de las hectáreas cultivadas de hoja de coca y que le apunten a reducir el número de familias que viven de este cultivo, que garanticen la consolidación de alternativas justas y sostenibles y brinden oportunidades e igualdad a las familias cocalera. En este sentido va a ser importante poner sobre la mesa de cara a las elecciones del 2022 la pregunta sobre los incumplimientos del punto 1 y 4 del acuerdo de paz y la política de lucha contra el narcotráfico de los futuros candidatos presidenciales.