La tierra: conflicto socioambiental y políticas nacionales en la Amazonía

Autor: Sebastián Goméz Zúñiga

A pesar de que el Ministerio de Ambiente ha afirmado que el 2021 fue un año para presentar buenos resultados en la lucha contra la deforestación, pues ésta cayó un 34% comparando el primer trimestre del 2020 con su correspondiente del 2021, la pérdida de bosques, especialmente en la Amazonía, sigue siendo una problemática ambiental sumamente compleja en nuestro país. En la actualidad, tras de la “tumba del monte” emergen dilemas sociales y ambientales difíciles de manejar, que están poniendo en riesgo a comunidades, instituciones y la resiliencia climática de Colombia entera. Tras casi una década de trabajo en la región del noroccidente amazónico Colombiano CEALDES ha podido recopilar algunos hallazgos relevantes: 

Por un lado, atestiguamos algunos incumplimientos en acuerdos sostenidos entre comunidades e instituciones: tal fue el caso de la coyuntura motivada por el Paro Nacional Agrario en el año 2013, en donde las organizaciones sociales del Guaviare y sur del departamento del Meta exigían el fortalecimiento de figuras territoriales como las Zonas de Reserva Campesina, Resguardos Indígenas y Territorios Colectivos para evitar la ampliación de la frontera agropecuaria. Así mismo, casos similares ocurrieron en más de 10 escenarios de concertación, celebrados entre 2013 y 2021, que en una gran proporción acabaron en tergiversaciones, incumplimientos o conflictos profundizados. En esta sección podríamos incluir las valoraciones sobre la implementación, bastante parcial, del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

De otro lado, indagamos por las normas y acuerdos comunitarios que existían en el noroccidente amazónico colombiano para la conservación de bienes comunes naturales. Además de su eficacia, advertíamos el riesgo de que la mayoría de ellas desaparecieran o cambiaran en beneficio de particulares debido al énfasis punitivo y, en algunos casos, violento que ellas tenían. El punto de inflexión con el mencionado carácter de las normas se daría con la transformación de las Farc como el principal actor armado que obligaba a su cumplimiento. Las Farc, con fuertes intereses en el control de la población local, pasaría de usar las normas para administrar las relaciones socioecológicas en los territorios bajo su mando a usarlas para potenciar la acumulación de utilidades provenientes de la ganadería, la coca y la venta de tierras.

Finalmente, avizorábamos desde la realización de la Expedición Guaviare: Ciencia y Paz, organizada por CEALDES en la cuenca media y baja del río Guaviare en el año 2017, la llegada de actores con intereses particulares en la transformación del bosque. Se hablaba de inversores de ciudades intermedias de departamentos como Meta y Arauca, aliados con políticos locales, que compraban veredas enteras para transformarlas en “fincas ganaderas”. Con este coctel de factores sumados, en CEALDES postulamos a la deforestación como el conflicto socioecológico más importante de finales de la primera e inicio de la segunda década del 2000. Infortunadamente no nos equivocamos, la pérdida de bosques, especialmente desde el 2016, ha movilizado un conjunto de problemáticas sociales y ecológicas sin par en el noroccidente amazónico colombiano, pero ¿por qué?:

La deforestación es un problema con muchas aristas, pero una de las más importantes es su dimensión económica. Solo un evento que trastoca fuertemente la economía local de territorios con poca regulación del Estado, como el noroccidente amazónico colombiano, puede motivar transformaciones en las dimensiones que la deforestación ha provocado desde el 2016. Todo ello en un conjunto sumado de dinámicas: en una primera etapa de implementación del Acuerdo de Paz, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS sí logró afectar la estructura de la economía cocalera, la mayoría de familias erradicaron voluntariamente sus cultivos y se inscribieron al programa. Ello motivó el fortalecimiento de la ganadería, economía que está presente en la región desde la década del 50, como el principal sistema productivo para familias que sustituyeron la coca y para inversores que vieron en nuevas tierras, bajo ningún control armado aparente, una gran oportunidad para generar riquezas. 

La dimensión económica de la deforestación en el noroccidente amazónico colombiano tiene mucho que ver con el régimen de propiedad y organización de los usos de la tierra. En departamentos como el Guaviare, menos del 1% de los predios rurales se encuentran adecuadamente registrados y bajo sistemas departamentales o nacionales de catastro, lo que beneficia a grupos ilegales y acaparadores de tierra para hacerse a enormes cantidades de hectáreas sin perjuicio de su régimen de protección, legalidad o valor comercial aparente. Las medianas (51 a 100 Ha.) y grandes (101 a 500 Ha.) propiedades en el Guaviare, por ejemplo, han venido creciendo permanentemente desde el 2016, lo que solo puede significar dos cosas: o se ha incrementado la capacidad adquisitiva de las antiguas familias campesinas del departamento, cosa refutada por el nivel de ingresos actuales en la región, o han llegado nuevos inversores con el poder de comprar predios de los tamaños mencionados. 

La deforestación tiene también una importante dimensión política, ligada a las estrategias que los diferentes actores tienen para mitigar esta importante problemática. Desde la perspectiva de las comunidades, por ejemplo, resulta paradójico que se promueva legislación pro-derechos de la selva, como la STC 4360 de 2018, mientras se desarrolla una campaña anti-deforestación lesiva de los D.D.H.H como la Operación Mayor Artemisa. Desde la perspectiva de algunas instituciones es clara la relación entre control territorial de grupos armados, particularmente Grupos Armados Organizados Residuales resultantes de la desmovilización de las Farc en el caso del noroccidente amazónico, e incremento de la deforestación; por lo que, sobre esa lógica, se justifica una atención eminentemente punitiva  de la deforestación. 

Además de este panorama aparentemente antagónico entre STC 4360 y Operación Mayor Artemisa, el Gobierno Nacional firmó en diciembre del 2020 el CONPES 4021, una política para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques. Aunque se pueden señalar varios aciertos, sobre todo en materia de reconocimiento de la economía detrás de la deforestación, este CONPES no logra responder a los retos que la problemática plantea sobre todo en cuanto a las tensiones que se generan alrededor de la apropiación de la tierra en la Amazonía. 

Para concluir el 29 de julio del 2021 se expidió la Ley 2111 de 2021, que modifica el pasado código penal de Colombia y crea nuevos delitos ambientales, con sus respectivas penas. Éstas incluyen, por ejemplo, sanciones de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses en prisión para quién deforeste, continua o discontinuamente, una (1) Ha. o más de bosque. En contextos como el noroccidente amazónico ello solo puede terminar en cárceles copadas de campesinos presionados por una economía regulada por actores armados. Las tensiones entre actores continúan incrementando, así algunas de las cifras acumuladas de deforestación puedan descender temporalmente. 

Con todo este complejo panorama, hoy podemos afirmar que la deforestación significa una compleja problemática socioambiental que puede desencadenar un conjunto de tensiones poco valoradas: las antagonías entre actores anteriormente mencionadas se profundizan día a día, hasta que empiezan a emerger las amenazas, desplazamientos y asesinatos. Hoy cada hectárea de bosque deforestado puede significar ciento cuarenta y cuatro meses de prisión, un operativo militar como los de las peores épocas del conflicto, una amenaza de los grupos armados o un desplazamiento masivo de comunidades que se oponen a la tumba de su “montaña”. Pocas veces nos hemos enfrentado a dilemas tan complejos como los que esconden las selvas de la Amazonía y su conservación; aún están pendientes las respuestas.