Diálogos sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

Autor: Bernardo Restrepo Sánchez – Revisión: Camila Bermudez

El pasado 11 y 12 de abril se dieron cita diversos actores para hablar acerca del nuevo Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) desde la perspectiva de las territorialidades étnicas y campesinas y con el ojo puesto en la Amazonía y los retos de cómo frenar su deforestación. 

Teniendo en cuenta la importancia de los lineamientos fijados por el Plan Nacional de Desarrollo (“PND”) para la política pública del siguiente cuatrienio, el Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES), en alianza con Global Financial Integrity (GFI), llevó a cabo el webinar “Diálogos sobre el Plan Nacional de Desarrollo”. El 11 y 12 de abril se reunieron funcionarios del gobierno, expertos, líderes afro, campesinos e indígenas para conversar en torno al articulado del PND – “Potencia Mundial de la Vida”, radicado el seis (6) de febrero ante el Congreso de la República por el Gobierno encabezado por el Presidente Gustavo Petro. El espacio de discusión giró en torno a los aspectos positivos, las falencias y los desafíos asociados a la propuesta de Gobierno durante los próximos cuatro (4) años.

El PND en discusión es el primero en ser formulado de manera participativa junto con las comunidades y la sociedad civil. Durante varios encuentros a lo largo y ancho del territorio, organizaciones sociales y sociedad civil en general, se reunieron en los Diálogos Regionales Vinculantes para producir los insumos que recogería el Gobierno para la construcción del nuevo PND. Por esta razón no sorprende que varios aspectos del articulado hayan sido vistos con buenos ojos por parte de los interlocutores del webinar, y que durante la jornada se haya exaltado el valor de estas iniciativas propuestas por el Gobierno y la apuesta por construir la política pública de manera vinculante y participativa.

No obstante, a pesar de la apertura participativa generada por la vinculación de las comunidades a la construcción del PND, en el webinar se hizo evidente que los intereses de muchos sectores quedaron por fuera del articulado del Plan, y además de vincular a la sociedad civil en la producción de insumos es necesario construir mecánismos de veeduría y seguimiento que garanticen la participación real y efectiva de las comunidades.

A continuación se describen algunas de las principales ideas resultantes de este espacio:

• Un elemento transversal a los dos (2) días del webinar fue el llamado a respetar y fortalecer la autonomía y la soberanía en los territorios y de las comunidades que los habitan. Para los pueblos afro es fundamental que se regule el proceso de consulta previa teniendo en cuenta los discutido en el  “Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”, lo cual brilla por su ausencia en el articulado del presente PND. Así mismo, es de preocupación de las comunidades afro que en el PND no se garantizan los recursos para el Fondo de la Igualdad, y en consecuencia el Ministerio de la Igualdad está parcialmente desfinanciado. 

Consulte aquí el video del evento:

Día 1 (Territorialidades étnicas y campesinas) 

Panelistas: Vishnu Posada (Asesor en Territorios Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) / Jhon Jairo Blandón (Proceso de Comunidades Negras en Colombia -PCN). 

Día 2 (Amazonía y deforestación)

Panelistas: Sergio Andrés Martinez Osorio (Abogado ambientalista Tropenbos Colombia) / Katherin Alfonso (Coordinadora de incidencia y comunicaciones Programa de Latinoamérica y el Caribe – GFI) / Tito Roldán (Asociación de Campesinos de la Región de los Ríos Unilla e Itilla – Ascatrui) / Cristóbal Leonel Panduro y Carlos Saúl Mendoza Vasquez (Líderes Ambientales del Cabildo del Resguardo Mocagua).

• Es necesario detallar el rol que se le da a la protección de la naturaleza en la Ley 2272 de 2022, por la cual se define la nueva política de paz como política de Estado. En dicha norma se indica que la protección de la naturaleza y de los seres sintientes debe ser parte integral del accionar del Estado. No obstante, ni en dicha norma ni en el PND se establecen mecanismos para la implementación de esta política de “paz con naturaleza” o los mecánismos para atender las tensiones que hoy se presentan en las formas de habitar los territorios, especialmente en aquellos con un reconocido valor ecológico, la gestión de los conflictos socioambientales, y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza o del territorio como víctima.

• Según lo indicado por funcionarios del Sector Agricultura es necesario acompasar las figuras de protección ambiental con la garantía de derechos en favor del campesinado, por ello actualmente hay una  agenda interministerial que busca generar un diálogo entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entre los diferentes asuntos a tratar están los conflictos socioambientales que experimentan las comunidades campesinas que habitan en zonas colindantes a áreas protegidas, cuya alternativa está asociada a la posibilidad de acercar y hacer compatibles figuras como las Zonas de Reserva Campesina, Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2da de 1959 y/o los Parques Nacionales Naturales.

• El PND busca retomar lo señalado en el Artículo 253 de la Ley 1955 de 2019, que corresponde a la política pública del sector campesino incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. El Gobierno ha perdido la oportunidad de reforzar y profundizar sobre la política pública en favor del campesinado e incluir un capítulo específico en el articulado del PND. Llama la atención que, a pesar de que entre los insumos tenidos en cuenta para la formulación del PND está los discutido en la Convención Nacional Campesina no se incluyeron muchas de las conclusiones de dicho espacio. 

• Es indispensable que en la política pública se contemple de forma expresa la relación que existe entre los tipos de uso del suelo y la seguridad/soberanía alimentaria, actualmente el PND no contempla dicha relación.

• Es necesario un manejo forestal comunitario que integre el desarrollo de capacidades sociales y que sea sostenible desde el punto de vista financiero. Además, se deben fomentar estrategias de carácter descentralizado con actores estratégicos que promuevan los enfoques interdisciplinarios. Las discusiones sostenidas en el webinar sugieren que los planes y proyectos del PND no contienen expresamente estos enfoques.

• Los lineamientos formulados por el PND deben ir acompañados de una asignación presupuestal y administrativa que permita ejecutar de forma efectiva los proyectos sociales, económicos y ambientales. En lo referente al campesinado, es necesario que se pase de una política sectorial  a una política marco que permita reconocer la multidimensionalidad y relevancia de las problemáticas asociadas a este grupo poblacional. La importancia de dicha transformación se evidencia en que en el instrumento de planeación “Visión Colombia 2050” formulado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) no se menciona el campesinado de forma explícita ni se contemplan elemento s de reconocimiento, participación y redistribución para este grupo. También, de los más de 4 mil proyectos de inversión pública nacional formulados desde 1994 tan solo el 0,46%  están dirigidos al campesinado.

• Es clave habilitar mecanismos jurídicos que permitan el acceso al derecho a la tierra y el desarrollo económico en favor del pequeño campesinado que habita áreas con una importancia ecológica. Lo anterior, permitiría a estas familias generar estrategias de conservación que lleven imbricada la garantía de derechos fundamentales y la vida digna. Adicionalmente, la política criminal debe estar orientada a identificar y sancionar a los grandes “terratenientes” que ocupan y fomentan la deforestación de áreas tan importantes como Parques Nacionales Naturales, y que en muchas ocasiones actúan a través de testaferros dispersos. 

• Las Concesiones Forestal propuestas en el PND refuerzan la vulnerabilidad de las comunidades campesinas que habitan áreas dentro de Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2da de 1959. Dichas concesiones tienen un plazo de 30 años, lo cual pone en riesgo la permanencia de los campesinos en el territorio al que han dedicado una vida de trabajo y cuidado. Además, con la terminación de la concesión, sea por el cumplimiento del plazo u otra causal, se deja sin patrimonio para la vejez o la enfermedad a las familias campesinas. La lucha contra la deforestación no se puede dar sin que las necesidades básicas de los que habitan la Amazonía, incluyendo la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía,  estén cubiertas. La garantía de derechos fundamentales y el acceso a la tierra son un elemento clave para convertir a las comunidades en aliados en la lucha contra la deforestación, y así inclinar la balanza a favor de la conservación de los bosques. 

• En la Amazonía se han promovido diferentes acciones de conservación comunitarias. No obstante, estas iniciativas se han visto truncadas por la orientación que se ha dado a la política criminal de los delitos ambientales, la cual ha estado dirigida al eslabón más vulnerable de la cadena, es decir los campesinos. Las investigaciones de los delitos asociados a la deforestación pocas veces tienen en cuenta a los financiadores o “peces gordos” que no habitan en el territorio. 

• El diseño del Consejo Nacional Contra la Deforestación contemplado en el PND deja por fuera a las comunidades, lo cual impide que en este órgano de decisión haya una verdadera perspectiva de las problemáticas que existen en el territorio. Es fundamental que las comunidades locales puedan participar en las instancias de toma de decisiones en relación con las estrategias de lucha contra la deforestación que se desarrollarán en el territorio. Adicionalmente, sería interesante incluir en dicho consejo a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) o a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) quienes cuentan con información relevante en temas de flujos financieros ilícitos asociados a la deforestación. 

• En el PND no se tiene en cuenta al sector agroindustrial, el cual contribuye con cuotas bastante elevadas a la emisión de Gases de Efecto Invernadero a nivel nacional. A pesar de que un punto central del PND es la transición energética, no se establece una ruta para que la agroindustria participe de dicha transición y reduzca sus emisiones, bien sea con incentivos tributarios u otro tipo de figuras. 

Una de las grandes conclusiones del webinar es que, no basta con que se hayan abierto espacios de participación en la formulación del PND, tales como los Diálogos Regionales Vinculantes, sino que debe la sociedad civil debe continuar participando e incidiendo en la implementación del PND. En ese sentido, es fundamental que se fortalezcan los mecanismos de participación y veeduría de la sociedad civil.