Políticas ambientales por un lado y la distribución de la tierra por otro, el camino hacia la destrucción de la amazonia Colombiana.

Autoras:Diana Carolina Botero, Nathalí Cedeño y Catalina Oviedo Delgado.
Investigadoras: Daniela Mosquera y Lina Caicedo

El acaparamiento de tierras es un fenómeno mundial que se profundizó en el año 2008 debido a la Gran Recesión, una crisis económica mundial causada por el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Este evento que inició en el sistema financiero norteamericano terminó por desencadenar una crisis alimentaria global, lo que implicó que en muchos países de Asia y de África, empresas transnacionales y Estados empezaron a comprar grandes extensiones de tierra para el cultivos con el fin de garantizar su capacidad de alimentar a los ciudadanos y ciudadanas.

Desde el año 2019, CEALDES inicia un proceso investigativo alrededor del fenómeno de la deforestación, parte de los resultados de dicho proceso investigativo nos ha permitido determinar que en Colombia el fenómeno de acaparamiento de tierras no responde exclusivamente a la crisis de recesión económica internacional como se evidenció en otros continentes, sino que es un fenómeno histórico de larga duración. Más aún, identificamos que las comprensiones generales frente al concepto de acaparamiento de tierras siguen siendo limitadas para describir y analizar lo que sucede a nivel territorial en las regiones como Caquetá, Guaviare y Meta; dado que se limitan a referenciar una dimensión del suelo en un área específica.

En la región del noroccidente Amazónico los procesos de acaparamiento están profundamente ligados al uso sobre la tierra y el aprovechamiento de recursos naturales como el agua y los bosques, el subsuelo donde suceden los procesos de minería, y de la atmósfera, con los efectos de las emisiones de gases y captura de carbono, en este sentido es fundamental reconocer que las comunidades locales configuran unas relaciones con la naturaleza que se han tejido por años, y que la problemática frente a la tierra no puede analizarse sin incorporar la dimensión social de la problemática. Esta comprensión nos invita a proponer la categoría de análisis de ACAPARAMIENTO TERRITORIAL, bajo el entendido de que no se trata solamente de observar cómo se acumula un recurso, sino también cómo esa acumulación tiene unos impactos en la vida de las comunidades locales, es decir, el acaparamiento entendido a un nivel territorial nos permite dar cuenta de los impactos socioambientales y espaciales que tienen los procesos de acumulación de recursos y de tierras en la Amazonía.

A partir de este entendimiento realizamos una categorización preliminar sobre quiénes están acaparando tierras en Guaviare. Encontramos que, por un lado los grandes acaparadores que pueden ser de dos tipos: 1. Las elites regionales. 2. Personas provenientes de otros departamentos compran extensiones de tierra para cultivo de pasto y sobre todo para ganado.
Por otro lado están los medianos campesinos que también dividimos en dos grandes grupos:  1. aquellos que como parte de las dinámicas propias de la economía cocalera acumularon rentas para comprar con ese dinero algunas tierras, y las usan para arrendar o especular; y 2. campesinos que llegan de otros departamentos  huyendo de la violencia en sus territorios.

En 2018 la Corte Suprema de Justicia decretó una serie de órdenes estructurales y no estructurales para la Sentencia 4360, con el objetivo de proteger la Amazonía colombiana de la deforestación; se declaró este ecosistema como sujeto de derechos y se ordenó a varias instituciones — Presidencia, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Ambiente — que crearan un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas, dicho pacto está encaminado a reconocer las nuevas generaciones como sujetos clave en el cuidado del medio ambiente. También se ordenó a los 78 municipios de la Amazonía actualizar e implementar el POT.

La sentencia es una clara muestra de los esfuerzos institucionales encaminados a la conservación de la Amazonía, a pesar de esto la pérdida de bosque no disminuye, lo que sugiere que las estrategias gubernamentales en materia de deforestación no han sido efectivas. Esto se relaciona directamente con el nulo abordaje que se le ha dado a la relación entre acaparamiento territorial y deforestación.  

Una muestra de ello ha sido el poco avance que se evidencia en la implementación de jurisprudencia creada para  resolver el histórico problema de la tierra en el país, como el caso del catastro multipropósito, pactado en el Acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Actualmente, el 87% de los municipios del país tiene el catastro desactualizado y puntualmente en el departamento del Guaviare la última base de datos del IGAC fue actualizada en el 2009 por la cual se desconoce la realidad catastral y jurídica de los predios del departamento. 

Pareciera entonces, que el aparataje tanto económico como político del país contribuyó a la deforestación de la amazonía, ya que la legalidad de la tierra no es una prioridad para el país. Lo que se evidencia en la forma en que las zonas rurales se han relacionado con el Estado, tanto en lo económico como en lo social.  Por ejemplo, con los certificados de sana posesión que expiden las Juntas de Acción Comunal es posible acceder a créditos que permitan el trabajo de la tierra. Adicionalmente, la mayoría de los créditos están enfocados hacia sistemas productivos tradicionales, como la ganadería. Hasta el momento no es posible acceder a un crédito de inversión para el aprovechamiento de productos forestales no maderables del bosque. 

En este sentido desde CEALDES hemos entendido que la deforestación es un problema de economía política profundamente relacionado con la distribución de la tierra, este conflicto no será posible de resolver hasta que no se avance en la implementación del catastro multipropósito. Pero sobre todo hasta que el Gobierno Colombiano no genere políticas públicas que permitan evidenciar la relación entre  mantener el bosque en pie y la distribución de la tierra en el país.